Mujeres que realizan trabajo voluntario en comunidades indígenas de Guatemala, Panamá y Ecuador, son líderes en la implementación de la Agenda 2030. La creación de consensos y reglas para proteger la biodiversidad, la preservación de los recursos genéticos y los conocimientos ancestrales, y el empoderamiento de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género, son algunos de los temas priorizados en los que el voluntariado genera impacto a nivel local.
La implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe requiere un enfoque intercultural que favorezca la integración y la inclusión, especialmente relevante para el establecimiento de espacios de diálogo con las comunidades que se identifican con valores y tradiciones de la amplia y variada gama de pueblos indígenas que habitan a lo largo de la región[1]. Se calcula que los pueblos indígenas representan en la actualidad alrededor del 14% del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el 17% de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en la región, a pesar de constituir menos del 8% de la población[2]. Estas condiciones de pobreza dificultan el acceso de las poblaciones a los servicios básicos, al sistema de justicia, a espacios de incidencia política y aún más, a cargos de elección popular.
Para disminuir las brechas y mejorar sus condiciones de vida, el voluntariado cobra relevancia como un medio de inclusión, movilización y empoderamiento desde los liderazgos locales, respetando la identidad y valorando los conocimientos ancestrales y costumbres. Ecuador, Panamá y Guatemala ya incorporan componentes de voluntariado, y avanzan en la protección del medio ambiente y la garantía al acceso de justicia.
MOVILIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Ecuador y Panamá son dos de los países de la región en los que se implementa el proyecto global del PNUD-GEF sobre Acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios (ABS por sus siglas en inglés), junto al programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. Uno de sus objetivos es la elaboración de Protocolos Bioculturales Comunitarios como marcos regulatorios que protegen tanto los recursos naturales como los conocimientos ancestrales, recomendado dentro del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y reparto justo de los beneficios derivados de su utilización.
“El 50% de nuestras tierras de propiedad colectiva es bosque. Tenemos muchos recursos que llaman la atención de investigadores, empresarios, científicos y estudiantes. Ya contamos con seguridad jurídica, con un título de propiedad de tierra colectiva. Ahora necesitamos documentar nuestro derecho propio oral para que quienes quieran acceso a nuestras prácticas y a nuestros recursos lo hagan con un control, con reglas claras, en el marco de nuestros principios como pueblo. Estas guías son para salvaguardar nuestros conocimientos ancestrales y también para determinar los beneficios que se van a obtener dentro de la comunidad”. Sara Omi Casamá, Voluntaria ONU Nacional ABS PNUD-GEF en Panamá.
En Panamá, quien conduce el debate e impulsa el protocolo dentro de la comunidad es la Voluntaria ONU Sara Omi Casamá, integrante del Congreso General Emberá de Alto Bayano. Para la Comunidad Emberá Ipetí, consensuar el Protocolo es de suma importancia por su particular historia. Al construirse una represa hidroeléctrica en lo que eran sus territorios, el pueblo fue reubicado en 3194 hectáreas aledañas al Lago Bayano en donde actualmente reside un centenar de familias. Dejar forzosamente la tierra de origen trastocó la vida comunitaria.
“Hemos perdido la vivencia ancestral tradicional que manteníamos con el bosque antes de la construcción de la represa, se han perdido sitios sagrados, conocimientos. Este proceso nos ayuda a hacer un análisis de cómo estamos, qué estamos haciendo para cuidar nuestros conocimientos, cuál es el rol de los jóvenes, qué buscamos, que esperamos. Los ancianos llaman al protocolo guías para asegurar la supervivencia de la comunidad en el tiempo”. Sara Omi Casamá, Voluntaria ONU Nacional ABS PNUD-GEF en Panamá.
El proceso de levantamiento de este Protocolo Biocultural Comunitario es posible gracias a la alianza entre la propia Comunidad Emberá Ipetí, el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá y Naciones Unidas a través del Proyecto Global ABS PNUD-GEF y su componente de Voluntarios de Naciones Unidas. El rol de Sara Omi como voluntaria en la elaboración y consenso del protocolo es clave, ya que facilita la creación de canales de diálogo con la autoridad tradicional, emplea la propia cosmovisión y la propia lengua, y compromete a la comunidad como garante de su implementación y sostenibilidad (ver video de Sara Omi aquí).
Durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, realizado en Nueva York el pasado 23 de abril de 2019, Sumak Bastidas, también Voluntaria ONU para el proyecto ABS PNUD-GEF en Ecuador, resaltó la importancia de la participación de las mujeres indígenas:
"Las mujeres indígenas son las guardianas fundamentales de la transmisión y protección de los conocimientos tradicionales. Para mí, mujer indígena y voluntaria de las Naciones Unidas, es un honor continuar ese legado y promover el cuidado de la pachamama-biodiversidad. El Protocolo de Nagoya valora y protege a los pueblos indígenas y comunidades locales, y empodera a mujeres y jóvenes". Sumak Bastidas, Voluntaria ONU Nacional ABS PNUD-GEF en Ecuador.
MOVILIZACIÓN PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y LA REPARACIÓN TRANSFORMADORA
En Guatemala, el voluntariado ha sido el medio para abrir espacios de protagonismo a mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto y postconflicto. Claudia Sigüenza, Voluntaria ONU nacional en ONU Mujeres Guatemala, ha trabajado para garantizar la provisión de servicios integrales a las mujeres indígenas.
"La participación de las mujeres en los procesos de formación para el fortalecimiento de su incidencia política logró colocar a 7 de ellas en puestos de elección popular; asimismo, a raíz de la experiencia de trabajo con las organizaciones, se han acompañado 3 casos paradigmáticos relacionados con la violencia sexual sufrida por las mujeres durante y posterior al conflicto armado interno". Claudia Sigüenza, Voluntaria ONU Nacional ONU Mujeres Guatemala.
El proyecto, implementado en los Departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz y el Quiché de Guatemala, acompaña a mujeres víctimas de violencia en la facilitación de jornadas de sanación colectiva con mujeres indígenas en sus propios idiomas mayas. También se realizan programas de formación de terapeutas con metodologías pertinentes a la cultura y lingüística local.
"Esta invaluable experiencia de ser voluntaria nacional de Naciones Unidas me permitió conocer y trabajar de la mano con mujeres indígenas que han sido protagonistas de cambios importantes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. También he podido contribuir a la defensa y promoción de sus derechos humanos y el acceso a justicia restaurativa y reparación transformadora". Claudia Sigüenza, Voluntaria ONU Nacional ONU Mujeres Guatemala.
[1] UNFPA, UNWOMEN, UNICEF y UNDP, Ampliando la mirada: La integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos, Panamá, 2013 (http://www.unfpa.org.pe/ WebEspeciales/2013/Sep2013/UNFPA-Ampliando-la-Mirada.pdf)
[2] Banco Mundial, Latinoamérica indígena en el siglo XXI, Washington D.C., 2015.