En agosto de 2016, el Gobierno de la República Centroafricana y el Sistema de las Naciones Unidas firmaron un proyecto conjunto quinquenal para apoyar la creación del Tribunal Penal Especial, cuyo objetivo general es contribuir a la lucha contra la impunidad, a la reparación del estado de derecho y de la cohesión social y al respaldo del proceso de reconciliación nacional.